Durante las tres últimas décadas, y pese a tener vencidos sus contratos de concesión durante los últimos 20 años, las empresas Dakota y BRD fueron las encargadas de llevar a las playas de infractores a los automóviles mal estacionados del centro porteño.

Ahora, tras un revuelo político que involucró a la oposición porteña, pero que logró contar con el aval de la Coalición Cívica, el gobierno decidió hacerse cargo del acarreo de vehículos hasta que esté definida la nueva licitación.

Durante estos más de 20 años, la Ciudad licitó varias veces el sistema, pero amparos judiciales siempre impidieron la entrada en vigencia de nuevas concesiones. En esa traba judicial se ampararon los distintos gobiernos porteños (Carlos Grosso, del PJ; Fernando De la Rúa y Enrique Olivera, de la UCR; Aníbal Ibarra y Jorge Telerman, del Frente Grande; y Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, del Pro) para postergar una y otra vez a las empresas originales.

Así, se llegó hasta este año, cuando una denuncia del medio Infobae sacó a la luz que las concesionarias apenas pagaban 55.000 pesos mensuales de canon (valor vigente de hace ocho años), lo que derivó en que la Legislatura porteña juntara los votos necesarios para terminar con la concesión.

Antes de que eso suceda y produjera un perjuicio mayor, el gobierno porteño se adelantó y tomó la concesión como propia, algo que debería haber hecho hace muchísimo tiempo, mientras prefería cargar las tintas en las mencionadas trabas judiciales.

En 2020, el gobierno porteño elevó un nuevo sistema que debería entrar en vigencia a fin de este año, con el cual se termina la actual modalidad y la ciudad pasa a tener más áreas controladas por empresas que deberán ganar nuevas licitaciones.

El otro cambio es que mientras hasta hoy las empresas recaudaban y pagan un canon al gobierno, en el futuro el estado será el recaudador y pagará un canon por el servicio (ver más).