La mayor empresa argentina está cumpliendo hoy un siglo de vida. Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) fue ideada por Enrique Mosconi, que fue además su primer presidente, y fundada un 3 de junio de 1922, como empresa estatal, bajo el mandato de Hipólito Yrigoyen.

El nacimiento de YPF se remonta al descubrimiento de petróleo, en Comodoro Rivadavia, en 1907. A partir de allí, empresas extranjeras se vieron tentadas por la novedad y el estado nacional tomó cartas en el asunto: Argentina fue el segundo país, luego de la Unión Soviética, en tener una petrolera que integrara toda la cadena de explotación del petróleo.

Luego del derrocamiento de Yrigoyen, en 1930 (segunda presidencia), la compañía perdió poder. Se recuperó en la presidencia de Perón, cuando tras acuerdos con las petroleras norteamericanas Drilexco y Standard Oil, alcanzó el 84 por ciento de la extracción total del crudo del país.

Recién en la de Frondizi, a fines de los años cincuenta, YPF logró, también con acuerdos internacionales, por primera vez autoabastecer a la Argentina, algo que se perdió durante el gobierno de Illia. En el de Onganía se dispuso el ingreso de nuevas concesionarias, algo que aumento significativamente durante la última dictadura.

Sin embargo, el mayor cambio en la historia de YPF se dio bajo la presidencia de Menem, cuando se convirtió de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima. Fue el paso a su privatización.

A fines de la década de 1990, casi tres cuartas partes de YPF estaban en manos privadas, aunque el Estado mantenía la acción de oro capaz de tomar las riendas de las decisiones del directorio. En 1999, Repsol compró el 15 por ciento del paquete accionario y tomó el control de la empresa, convirtiéndose en la octava productora mundial de petróleo.

Para 2011, Repsol tenía casi el 58 por ciento de las acciones, el Grupo Petersen algo más del 25 por ciento, otro 17 estaba en otras manos privadas y solo el 0,02 pertenecía al gobierno argentino, que aun conservaba la acción de oro.

Tras el descubrimiento de las reservas de Vaca Muerta, el gobierno de Cristina Kirchner dispuso en 2012 la estatización de YPF a causa del vaciamiento a la que la estaba llevando Repsol, pero sin que la compañía deje de ser una Sociedad Anónima, de la cual el estado se quedó con el 51 por ciento.